El estado de la ciberseguridad en España ha avanzado significativamente en los últimos años, con una mayor conciencia por parte de las empresas y las instituciones públicas sobre los riesgos asociados a las amenazas digitales.
Sin embargo, persisten desafíos importantes, como el aumento de ataques cibernéticos, la falta de talento especializado y la necesidad de una inversión sostenida en tecnologías y formación. España cuenta con un marco normativo sólido, como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que promueven la resiliencia ante ciberamenazas, aunque su implementación sigue siendo dispar en diferentes sectores económicos.
El Buen Gobierno, en este contexto, juega un papel esencial al garantizar que la ciberseguridad no sea solo una cuestión técnica, sino también estratégica y ética. Las empresas deben integrar la ciberseguridad en sus planes de gestión de riesgos y en sus principios de gobernanza corporativa. Esto implica el compromiso de los órganos directivos para adoptar prácticas de seguridad proactivas, fomentar una cultura de protección digital y cumplir con las normativas internacionales. La combinación de políticas efectivas, liderazgo ético y colaboración público-privada es clave para abordar los retos actuales y garantizar un entorno digital seguro y confiable en España.