La economía española cerrará en 2017 su cuarto año consecutivo de crecimiento con un aumento del PIB del orden del 3% según la mayoría de instituciones, tanto nacionales como internacionales. Un porcentaje que las previsiones apuntan a que se mantendrá estable durante los próximos años.
Al calor de estos vaticinios, y en línea con la buena marcha de la recaudación fiscal, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para elevar el techo de gasto de las administraciones públicas un 1,3% hasta los 119.834 millones y reducir paralelamente el déficit hasta el 2,2%. Así lo recoge en el borrador de Presupuestos Generales del Estado 2018, cuya negociación con el resto de fuerzas políticas acaba de comenzar.
El crecimiento económico de los últimos ejercicios también ha empujado al Ejecutivo a no introducir cambios relevantes, al menos de momento, en el impuesto de sociedades (23.400 millones en 2017) y solo unos ligeros retoques en el IVA, cuyo nuevo modelo de gestión, el SII, es de obligado cumplimiento en los casos previstos por la ley. Las empresas no adaptadas al sistema se exponen al régimen sancionador establecido en la normativa tributaria.
En la recámara queda hasta nuevo aviso el paquete de medidas fiscales con las que el gobierno pretende facilitar que pequeñas y medianas empresas ganen tamaño y competitividad, como un hipotético aumento del umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de sociedades y en la liquidación del IVA.