2020 es, sin duda, el año que más normativa laboral acumula. Novedades que sientan las bases de cambios estructurales en las relaciones laborales del siglo XXI, la mayoría encaminadas a paliar los efectos de una de las mayores crisis en el empleo de las últimas décadas.
La prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021 y la incorporación de dos nuevos modelos de este tipo de expedientes, pretenden salvar el mayor número de puestos de trabajo y de empresas posible, no obstante, todavía es pronto para medir la efectividad de estas medidas ante el nuevo escenario de incertidumbre que se abre paso.
En el reverso de la moneda, el nuevo entorno propicia nuevas rutinas de trabajo -como el teletrabajo- un modelo que no acababa de despegar y que ahora configura la tónica general en el tejido empresarial, lo que ha llevado al Ejecutivo a diseñar una normativa que aplique sobre las relaciones laborales que se desarrollen a distancia con carácter regular. De forma paralela, la obligatoriedad de aplicar planes de igualdad en el seno de las compañías y de contar con un registro salarial disgregado por sexo, también se ha convertido en una prioridad para el regulador. El objetivo: convertir la igualdad retributiva en una herramienta clave de mejora de la productividad y de implicación de los empleados en la estrategia de negocio.