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La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que obliga a acudir a métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC) antes de iniciar una demanda civil o mercantil, ha supuesto un cambio estructural en la estrategia procesal de las empresas. Esta nueva exigencia ha generado una cascada de dudas prácticas: ¿qué métodos son válidos?, ¿cómo se acredita el intento de solución?, ¿qué ocurre si no se cumple correctamente el requisito?
Dirigido a:
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