En estos primeros meses de aplicación la norma y mientras el Congreso de los Diputados adapta Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), los indicadores apuntan a un aumento notable de las denuncias por el posible incumplimiento de muchas empresas. De forma paralela, el nuevo marco ha sentado las bases de un floreciente mercado que en 2018 superará los 700 millones de euros y que en 2023, según las estimaciones, rondará los 2.200 millones.
Aunque aún se sigue explorando la profundidad del GDPR en la realidad empresarial, todas las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad son ahora de máxima importancia dentro de las organizaciones. La seguridad informática es el esqueleto sobre el que se sostienen la mayor parte de las exigencias normativas del reglamento, que prevé incluso multas millonarias para las compañías que no garanticen la privacidad de los datos de carácter personal. La destrucción, daño accidental, pérdida o alteración de esta información, así como los accesos no autorizados, pueden acarrear graves consecuencias.
La UE, en cualquier caso, no quiere quedarse en este punto y pretende seguir adelante en su misión por hacer del territorio europeo un espacio más ciberseguro para empresas y usuarios. Con este fin, Bruselas destinará 2.500 millones de euros entre 2021 y 2027 para mejorar la ciberseguridad de los estados y de la economía digital, fomentando espacios de colaboración y trabajo conjunto entre todos los actores implicados.