La nueva Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida popularmente como MIFID II, supone un paso más en la armonización a nivel europeo de las normas para la protección de los inversores y para mejorar la transparencia y la eficiencia del funcionamiento de los mercados financieros.
Las entidades también tendrán que formar a sus empleados según los criterios de la directiva para que puedan ofrecer asesoramiento especializado. Y el modelo de distribución de fondos de inversión está también viendo grandes modificaciones como la obligación de incluir fondos de terceras gestoras en las recomendaciones por parte de las entidades financieras, incluso en el caso del asesoramiento no independiente.
Mientras la industria se adapta a la nueva normativa, el Gobierno trabaja contrarreloj para transponer la directiva al ordenamiento jurídico nacional, habiendo sido recientemente apercibido por Bruselas. Para ello, el Ministerio de Economía, Empresa y Competitividad está redactando un texto que prevé presentar en el Congreso antes de final de año para su aprobación.