El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen en nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los servicios prestados, así como su aporte innovador. De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los licitadores y simplificar algunos procedimientos de contratación.
Para analizar las características más relevantes del texto y su repercusión, APD, Garrigues y la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos organizan la jornada La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos.
El 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico dos de las tres últimas directivas aprobadas en Bruselas sobre la materia y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
Contenidos
• Tipos contractuales
• Preparación de la contratación
• Adjudiación de los contratos
• Ejecución de los contratos
• Novedades en relación a las concesiones
• Control de la contratación
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destacan la obligación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, las medidas dirigidas a reducir la burocracia, la prohibición de indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas o la obligación de fraccionar en lotes los contratos siempre que su naturaleza y objeto lo permitan, con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.
Junto a dichas medidas, resultan especialmente relevantes la administrativización de los poderes adjudicadores, la reconfiguración de los tipos contractuales, la redenición de los procedimientos de adjudicación y del recurso especial o las previsiones respecto de la modificación de los contratos.
INTRODUCCIÓN
· Marco normativo de la legislación española de contratos del sector público
· Entrada en vigor y régimen transitorio
· Principios
· Ámbito de aplicación
· Ámbito subjetivo de la Ley
· Distinto régimen contractual aplicable a las distintas entidades
· Contratos excluidos
TIPOS CONTRACTUALES
· Novedades.
· Particularidades en relación con los contratos de obras, suministros y Servicios.
· En especial los contratos de servicios que conllevan prestaciones directas a favor de los ciudadanos.
· Contrato de concesión de obra.
· Nuevo concepto de contrato de concesión de servicios.
· Contratos mixtos.
· Contratos administrativos y contratos privados.
· Contratos sujetos a regulación armonizada.
PREPARACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
· Las consultas preliminares del mercado
· Novedades en la redacción de los pliegos
· Solvencia
· Criterios de adjudicación
· Nuevo régimen de lotes
· Cláusulas sociales y medioambientales
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
· Nuevos procedimientos de adjudicación en la Ley de Contratos del Sector Público
· Procedimiento asociación para la innovación
· Procedimiento abierto simplicado
· Procedimiento sumario-simplicado
· Principales novedades en los procedimientos tradicionales
· La nueva regulación del contrato menor
· Novedades en los sistemas de racionalización de la contratación
· La contratación electrónica
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
· Los modificados
· La subcontratación
· La cesión de los contratos
· La resolución de los contratos
· Especial referencia a la suspensión del contrato de obras
ALGUNAS NOVEDADES EN RELACIÓN CON LAS CONCESIONES
· El rescate
· El régimen económico-financiero
CONTROL DE LA CONTRATACIÓN
· Recurso especial en materia de contratación
· Ampliación del ámbito objetivo del recurso
· Órganos competentes para la resolución del recurso
· Principales novedades del procedimiento
El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen en nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los servicios prestados, así como su aporte innovador. De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los licitadores y simplificar algunos procedimientos de contratación. Otro de los aspectos clave es la obligación de fraccionar en lotes los grandes contratos con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.
La Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado día 9 de marzo implica cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas.
Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor transparencia. Del mismo modo, busca una simplificación de los trámites con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Para resolver todas las dudas surgidas desde su entrada en vigor, APD organiza con el espacho GARRIGUES y la colaboración de CEOE-Cepyme de Cantabria la jornada “Implicaciones de la Ley de Contratos del Sector Público para las empresas”, el próximo día 27 de abril de 2018 en Santander.
El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico dos de las tres últimas directivas aprobadas en Bruselas sobre la materia la transposición de la directiva relativa a los sectores excluidos se realizará mediante una ley independiente y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
En España, la tramitación de esta ley se ha cerrado con un amplio consenso político, al incorporarse un total de 975 enmiendas de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del tejido empresarial por el elevado número de empresas que contratan con la Administración, independientemente de su sector de actividad, así como por el volumen de los contratos del sector público, cercano a los 200.000 millones de euros, alrededor de un 20% del PIB.
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los servicios prestados, así como su aporte innovador.
De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los licitadores y simplificar algunos procedimientos de contratación. Otro de los aspectos clave es que se prohibirán las indemnizaciones por las expectativas de mercado no cumplidas y la obligación de fraccionar en lotes los grandes contratos con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.
El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico dos de las tres últimas directivas aprobadas en Bruselas sobre la materia -la trasposición de la directiva relativa a los sectores excluidos se realizará mediante una ley independiente- y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
En España, la tramitación de esta ley se ha cerrado con un amplio consenso político, al incorporarse un total de 975 enmiendas de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del tejido empresarial por el elevado número de empresas que contratan con la Administración, independientemente de su sector de actividad, así como por el volumen de los contratos del sector público, cercano a los 200.000 millones de euros, alrededor de un 20% del PIB.
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destacan la obligación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, las medidas dirigidas a reducir la burocracia, la prohibición de indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas o la obligación de fraccionar en lotes los contratos siempre que su naturaleza y objeto lo permitan, con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.
Junto a dichas medidas, resultan especialmente relevantes la administrativización de los poderes adjudicadores, la reconfiguración de los tipos contractuales, la redefinición de los procedimientos de adjudicación y del recurso especial, las nuevas medidas en materia de subcontratación o las previsiones respecto de la modificación de los contratos.
El próximo 9 de marzo entrará en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico dos de las tres últimas directivas aprobadas en Bruselas sobre la materia y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destacan la obligación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, las medidas dirigidas a reducir la burocracia, la prohibición de indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas o la obligación de fraccionar en lotes los contratos siempre que su naturaleza y objeto lo permitan, con el objetivo de favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones.
El próximo 9 de marzo entrará en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen en nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
En España, la tramitación de esta ley se ha cerrado con un amplio consenso político, al incorporarse un total de 975 enmiendas de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del tejido empresarial por el elevado número de empresas que contratan con la Administración, independientemente de su sector de actividad, así como por el volumen de los contratos del sector público, cercano a los 200.000 millones de euros, alrededor de un 20% del PIB.
Junto a dichas medidas, resultan especialmente relevantes la administrativización de los poderes adjudicadores, la reconfiguración de los tipos contractuales, la redefinición de los procedimientos de adjudicación y del recurso especial, las nuevas medidas en materia de subcontratación o las previsiones respecto de la modificación de los contratos.
El próximo 9 de marzo entrará en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen en nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas y con las que la UE quiere cristalizar un marco más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos.
Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación de incluir en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los servicios prestados, así como su aporte innovador. De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los licitadores y simplificar algunos procedimientos de contratación.
Para analizar las características más relevantes del texto y su repercusión, APD, Garrigues y la Cámara de Comercio de Zaragoza organizan la jornada La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas, que tendrá lugar el próximo 22 de febrero en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el próximo 9 de marzo e implicará cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas.
Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor transparencia. Del mismo modo, busca una simplificación de los trámites, con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Para conocer todas estas novedades, APD organiza en colaboración con el Despacho GARRIGUES la jornada “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas”, el próximo día 1 de febrero de 2018 en Bilbao.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el próximo 9 de marzo e implicará cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas.
Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor trasparencia. Del mismo modo, busca una simplificación de los trámites, con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Para conocer todas estas novedades, APD organiza en colaboración con GARRIGUES la jornada La nueva Ley de Contratos del Sector Público desde la perspectiva de las empresas asturianas, el próximo 25 de enero en Oviedo.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el próximo 9 de marzo e implicará cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas.
Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor trasparencia. Del mismo modo, busca una simplificación de los trámites, con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Para conocer todas estas novedades, APD organiza en colaboración con GARRIGUES las jornadas La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas, los próximos 23 de enero en A Coruña y 24 de enero en Vigo.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el próximo 9 de marzo e implicará cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas.
Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor trasparencia. Del mismo modo, busca una simplificación de los trámites, con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Para conocer todas estas novedades, APD organiza en colaboración con GARRIGUES las jornadas La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas, los próximos 23 de enero en A Coruña y 24 de enero en Vigo.