Un ciudadano o una empresa del siglo XXI tiene el triple de posibilidades de sufrir un ciberataque que un delito tradicional. En 2022 se registraron 1.027 ciberdelitos al día, frente a los 289 asaltos o robos diarios que se produjeron en nuestras calles. Sin embargo, la sensibilidad y la protección que mostramos ante uno u otro riesgo es radicalmente distinta. Pero, ¿por qué sucede esto?

Entre las principales causas, encontramos un amplio catálogo de dinámicas que pueden explicar, en cierta manera, este fenómeno: falta de madurez en ciberseguridad, exceso de confianza a la hora de enfrentar estas amenazas -lo que puede llevar a una sobreestimación de sus capacidades-, o falta de recursos, inversión y talento dedicado. Según el informe de defensa contra ciberamenazas del CyberEdge Group, en 2022, el 91.8% de las organizaciones españolas se vieron comprometidas por uno o más ataques cibernéticos, lo que refleja la alta incidencia de ciberataques en nuestro país. Mientras, un 58% de las empresas españolas se consideran novatas en cuanto a ciberseguridad, lo que evidencia la necesidad de mejorar la preparación en este ámbito.

El último informe de la OCDE sobre la evolución de la productividad volvió a arrojar un jarro de agua fría sobre la economía española. Nuestro país es el peor de la OCDE en la evolución de la productividad. Entre 2018 y 2023, cayó un 4%, frente al crecimiento medio del 4,6% de los países más prósperos del planeta. Según Eurostat, España está 16,5 puntos por debajo de la media de la eurozona en productividad por hora trabajada.

Lo más complejo de este asunto es acertar con las causas. Se han identificado un buen catálogo de razones y de muy diversa naturaleza: se ha acudido al tamaño medio de nuestras empresas, a la excesiva atomización, incluso a los índices de desconfianza entre ciudadanos -donde, por cierto, somos líderes europeos-. También encontramos un esfuerzo insuficiente en I+D, problemas endémicos a la hora de invertir en tecnología, un entramado regulatorio y burocrático demasiado pesado o graves fisuras entre el modelo productivo y el educativo.

Sin embargo, lo que más inquieta es que desde la OCDE se señala a los gestores de las empresas en España como uno de los grandes lastres de la productividad: predominan los modelos de gestión poco profesionalizados, con estructuras de poder centradas en una sola persona que, en muchas ocasiones, no cuenta con una formación superior.

El término Revolución se define como “un cambio brusco que altera el orden establecido”. Y qué duda cabe que la tecnología está siendo la gran protagonista de no pocos cambios: tanto sociales, como antropológicos o económicos. Disrupciones como la Inteligencia Artificial están situando a la tecnología en un nuevo plano: de ser un mero acelerador, como venía sucediendo hasta ahora, a situarse en el centro mismo de la revolución.

Sin embargo, nuestra mirada se quedaría muy corta si sólo atendiéramos a las tendencias de matriz tecnológica. La revolución que viene va a ser percibida en numerosos ámbitos, y por eso conviene no perder de vista el resto: desde la hiper-personalización, a los modelos de negocio acelerados, o el efecto en la geoestrategia.

El potencial disruptivo de las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial y la automatización, es enorme. Hasta ahora sabíamos de su gran capacidad para hacer obsoleto un modelo de negocio de la noche al día. Pero lo que representa una novedad -y un enorme desafío para las organizaciones- es el poder de estas tecnologías para absorber tareas que creíamos ‘netamente humanas’.

No obstante, en plena redefinición de la relación entre los seres humanos y las máquinas, la gestión de personas está adquiriendo más trascendencia que nunca, pues mantener y ensalzar el talento de las personas se ha convertido en todo un elemento diferencial en el presente y futuro del entorno laboral y empresarial

La creciente demanda mundial de energía y los problemas de escasez e impacto ambiental conforman la base de una crisis energética para las próximas décadas. Todo un desafío ante el que las empresas se verán obligadas a acometer severos procesos de transformación y diversificación de sus negocios con el objetivo de liderar la transición energética, pero, por encima de todo, de seguir siendo competitivas.

Más si cabe, teniendo en cuenta las exigencias climáticas fijadas para 2050 en virtud de la Legislación Europea sobre el Clima. Unas exigencias que, en primer orden, requieren que los países de la UE reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero -principalmente las provenientes de la quema de combustibles fósiles- en al menos un 55% de aquí a 2030, siendo el objetivo final lograr que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050.