Compliance legal es un concepto del que, hace años, prácticamente, no se había oído hablar en España. Se trata de una denominación que hace referencia al cumplimiento, conformidad y obediencia de las leyes. Por lo tanto, se trata de un riesgo de calado al que, junto a otro tipo de riesgos, se enfrentan las empresas de cualquier sector al llevar a cabo de actividad de negocio.
Por lo tanto, si se remite este concepto al cumplimiento de la ley, no cabe duda de que cualquier empresario español lo ha tenido en cuenta desde que puso en marcha su firma (incluso por parte de quienes no se atuvieron a las normativas imperantes).
Quienes dirigen las empresas tienen claro que, si no se avienen a las leyes, sus organizaciones pueden sufrir graves consecuencias. De todas maneras, el compliance se ha consolidado en los últimos tiempos.
Hoy en día, ha aumentado el interés por este concepto. En este sentido, hay que destacar la última reforma del Código Penal. A grandes rasgos, si se cometen delitos en el seno de una empresa, esta y su representación legal van a acabar asumiendo las culpas.
Aunque el beneficiario de las actividades delictivas haya sido un trabajador que buscaba su propio enriquecimiento y no el de la organización, la compañía va a ser imputada por ellas.
Básicamente, que el empresario en cuya firma se hayan producido hechos delictivos va a tener que responder ante la justicia por ellos, sin menoscabo de que también lo hagan las personas que han sido directamente las autoras de estos supuestos ilícitos. Por consiguiente, si no se juzga a los directivos empresariales por acción, se va a hacer por omisión.
Ellos han de ser los garantes de que en su negocio se proceda dentro de la legalidad y con la máxima transparencia. Conforme al artículo 31 bis del Código Penal, estos dirigentes se exponen a cierres de las instalaciones de la empresa, sanciones económicas e intervenciones judiciales. En resumidas cuentas, se arriesgan a perder el control de la organización que lideran.
La legislación española proporciona a las empresas un método para blindarse frente a estos comportamientos perjudiciales. Se trata del establecimiento de un plan de compliance. Si cuentan con él, demuestran que están comprometidas con el cumplimiento normativo y la prevención de los delitos en sus actividades habituales.
Por consiguiente, los negocios que hayan puesto en marcha este plan pueden ser eximidos de la responsabilidad legal derivada de los fraudes que se cometan en sus trabajos. Esta premisa pasa por la contratación de un compliance officer. Este, por su parte, puede formar parte de la plantilla o realizar sus labores en calidad de asesor externo.
Finalmente, vale la pena recopilar en un documento físico los pasos que debe tener un modelo de prevención de delitos.
Cómo se definen y se detectan.
Análisis profundo de estos riesgos.
Los protocolos de medidas y acciones a implementar en las posibles áreas de comisión delictiva.
Hace referencia tanto el contrato como al programa de prevención.
Multas y castigos para los infractores.
Puesta al día de la información legal de referencia.
Reciclaje continuo de los conocimientos de la plantilla.
En definitiva, el compliance se ha revelado como un requisito indispensable para las empresas que deseen obtener protección jurídica frente a los fraudes internos y sus posibles consecuencias legales.
