El cambio climático es uno de los principales retos estratégicos de las empresas que deberán afrontar los consejos de administración de las empresas si quieren asegurar el futuro de sus organizaciones. Así lo asegura ‘The Future Board’, un informe elaborado por la consultora Mazars en colaboración con The Academy of Business in Society (Abis), que analiza los desafíos más acuciantes a los que tendrán que enfrentarse compañías de todo el mundo para proteger nuestro planeta.
No se trata de un asunto baladí. Cada vez son más los consumidores que toman sus decisiones de compra en función de aspectos ambientales o sociales. Así, en el actual contexto, los ciudadanos son cada vez más exigentes en cuestiones relacionadas con la transparencia de las organizaciones, el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, del medio ambiente. Las compañías más importantes lo saben. Por eso no es de extrañar que gigantes como Exxon, General Electric, Google, Apple, Nike o Starbucks se rebelaran contra la decisión de Trump del pasado mes de junio de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.
En pleno siglo XXI, la lucha contra el cambio climático no es sólo una necesidad, sino que se ha convertido también en una inversión. Sin embargo, abordarlo implica exponerse a ciertos riesgos. Los primeros, tal y como ha señalado la consultora norteamericana McKinsey en un informe, tienen que ver con los riesgos de tipo operativo. Es decir, cómo podrían influir los cambios llevados a cabo para adaptarse a las nuevas exigencias en los productos y en los precios. En segundo lugar y en un nivel similar de importancia estarían los riesgos relacionados con los ‘stakeholders’. O lo que es lo mismo: cómo podrían afectar los cambios a las compañías desde el punto de vista de quienes se relacionan con ella (los clientes, los gobiernos, los empleados o los proveedores, por ejemplo).
El diseño de políticas que incentiven la demanda y el uso de las energías renovables es uno de las piedras angulares sobre los que edificar este nuevo modelo
Así, por ahora, el principal reto que deben afrontar las empresas pasa por reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y la huella de carbono sin que su competitividad se vea perjudicada. ¿Cómo? Ahí se encuentra el quid de la cuestión. El diseño de políticas que incentiven la demanda y el uso de las energías renovables y/o el reciclaje es, sin duda, uno de las piedras angulares sobre los que edificar este nuevo modelo.
El Gobierno está dando algunos pasos para conseguirlo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a elaborar una nueva ley contra el calentamiento global y de transición energética con el objetivo de que en 2030 España produzca un 40% menos de CO2 del que producía en 1990. Esta nueva normativa abordará la mejora de la retención natural de carbono (mediante el uso de la reforestación, la mejor gestión agrícola y forestal o el uso adecuado de la tierra); el incremento de la eficiencia energética en los hogares, el impulso de políticas de transporte sostenible o la mejora de gestión de residuos.
La cosa no queda aquí. Además, deberá ir de la mano de un plan de transición energética que consiga el objetivo de convertir a España en un país 100% renovable más pronto que tarde. Para ello, el Gobierno tendrá que conseguir que compañías de sectores altamente contaminantes, como el energético, y de otros más difusos, como el sector agrícola, el de transportes o el de residuos, se adhieran a estos cambios en pos del interés común y, por supuesto, también del propio.
A pesar de las dificultades, lo cierto es que son cada vez más las empresas que tienen muy en cuenta el cambio climático, tanto para relacionarse con los mercados como con la sociedad. De la respuesta que puedan ofrecer ante este nuevo reto dependerá buena parte del futuro de sus negocios y de nuestro planeta.
