Cuando se habla de competitividad de una economía, los factores que vienen a la cabeza son la innovación, la digitalización, el talento, la internacionalización, el tamaño o el acceso a financiación. Todos ellos son, en efecto, elementos importantes para impulsar la productividad y el crecimiento.
Sin embargo, existe una condición previa que a menudo recibe escasa atención: disponer de un entorno regulatorio y administrativo que favorezca, o al menos no entorpezca, la actividad empresarial. Así lo reconoce el IMD World Competitiveness Ranking, al considerar la eficiencia gubernamental como uno de los cuatro grandes pilares de la competitividad nacional.
La competitividad puede definirse como la capacidad de una economía para generar riqueza, empleo y bienestar de forma sostenida
La competitividad puede definirse como la capacidad de una economía para generar riqueza, empleo y bienestar de forma sostenida. Esta capacidad no depende únicamente del esfuerzo de las empresas. También está condicionada por el marco institucional en el que desarrollan su actividad. Cuando dicho entorno resulta complejo o ineficiente, la capacidad de competir se ve limitada.
Uno de los principales obstáculos es la creciente complejidad normativa. En los últimos años se ha producido una acumulación de leyes, reglamentos y obligaciones procedentes de distintos niveles de la Administración. Aunque la regulación es necesaria para garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, un exceso de normas puede generar el efecto contrario. La superposición de requisitos, los cambios frecuentes y la falta de claridad en la interpretación de algunas disposiciones incrementan la incertidumbre y elevan los costes de cumplimiento, especialmente en las pymes y microempresas.
La mejora de la competitividad exige administraciones más ágiles, capaces de simplificar procedimientos y aprovechar las posibilidades de la digitalización y la IA
Un segundo factor es la lentitud de muchos procedimientos administrativos. La autorización de inversiones, la concesión de licencias o la tramitación de proyectos industriales suele requerir plazos prolongados que, en ocasiones, dificultan la ejecución de iniciativas empresariales. En un contexto económico caracterizado por la rapidez de los cambios tecnológicos y del mercado, los retrasos administrativos pueden traducirse en pérdida de oportunidades de inversión y de creación de empleo. La mejora de la competitividad exige administraciones más ágiles, capaces de simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y aprovechar plenamente las posibilidades de la digitalización y la inteligencia artificial.
La fiscalidad constituye un tercer elemento relevante. Más allá del nivel de los impuestos, las empresas demandan estabilidad, previsibilidad y simplicidad. Un sistema tributario complejo, poco claro a veces y sujeto a modificaciones frecuentes, aumenta la incertidumbre y dificulta la planificación empresarial. Por el contrario, una fiscalidad clara y estable favorece la inversión, la innovación y el crecimiento de las empresas, aspectos esenciales para fortalecer la competitividad.
La reducción de estas cargas no implica una disminución de derechos ni una rebaja de los estándares ambientales, laborales o de seguridad. El objetivo es mejorar la eficiencia del marco regulatorio y administrativo. Cada trámite simplificado, cada procedimiento agilizado y cada norma clarificada permiten que las empresas destinen más recursos a actividades productivas, como la inversión, la formación, la innovación o la expansión internacional.
La simplificación legal y administrativa no crea competitividad por sí sola, pero sí elimina uno de los principales frenos que impiden que las empresas innoven, inviertan, exporten y crezcan. Los países más competitivos del mundo tienen en común administraciones ágiles, marcos regulatorios estables y sistemas fiscales que, lejos de entorpecer o ralentizar la actividad económica, la favorecen.
La mejor forma de ayudar a las empresas no consiste en crear nuevos programas de apoyo activo, sino en replegar los obstáculos que les impiden avanzar
Durante décadas, la mejora de la competitividad ha sido objeto de análisis y estudio. Hoy el diagnóstico está ampliamente compartido: las empresas necesitan talento, innovación, digitalización y acceso a financiación. Pero también necesitan algo mucho más sencillo: que la Administración deje de ser un obstáculo para convertirse, si no en un aliado, sí en un no estorbo.
Probablemente, ninguna política pública tendría un impacto tan inmediato sobre la competitividad como reducir la burocracia, simplificar la regulación y construir un sistema fiscal más competitivo. Porque, en muchas ocasiones, la mejor forma de ayudar a las empresas no consiste en crear nuevos programas de apoyo activo, sino en replegar los obstáculos que les impiden avanzar.
