En estos momentos se está produciendo una combinación de hechos que ponen en jaque al presente de las pensiones: se empieza a jubilar la generación del baby boom, la inflación tiene un gran impacto en el coste de las pensiones y el volumen de la deuda pública se sitúa en máximos históricos.
Desde Europa no nos van a dejar seguir con la estrategia de patada para adelante e incrementar la deuda pública al mismo ritmo.
Hasta ahora se está poniendo el foco en los ingresos a través, por ejemplo, de la no actualización de los tramos del IRPF, de la subida de las cotizaciones en 2023, maltratando los instrumentos que permiten diferir la tributación como los propios planes de pensiones, o por el mero hecho del aumento de precios por el que pagamos más IVA.
Todo esto, sumado al encarecimiento de las hipotecas por las subidas de los tipos de interés, derivará en que, para muchos ciudadanos, será imposible asumir nuevos impuestos que hagan frente al nivel actual de las pensiones.
La nueva reforma afectará principalmente a los actuales pensionistas que hasta ahora no habían sufrido recortes. Los cambios empezarán por no actualizar las pensiones con el IPC y, si a pesar de la pérdida de poder adquisitivo siguiéramos aumentando la deuda pública, se reducirá el importe de la pensión afectando más a las pensiones más altas.
Esta tendencia en las pensiones públicas va a afectar a las empresas de forma importante ya que van a ver cómo muchos de sus empleados van a alargar su vida laboral más allá de la edad de jubilación ordinaria para no reducir drásticamente su poder adquisitivo.
La gestión del proceso de envejecimiento de las plantillas será una de las tareas más importantes a los que se enfrenten las áreas de Recursos Humanos. Que los empleados lleguen en condiciones óptimas en sus últimos años de trabajo no se pueden improvisar y exigen una planificación a largo plazo. Planes de bienestar, flexibilidad laboral, sentimiento de pertenencia a la empresa o planes de transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, serán claves para que los empleados puedan aportar valor a las empresas antes de su jubilación.
Obviamente, el descenso del poder adquisitivo de las pensiones también va a afectar al proceso de prejubilaciones, que lo encarecerá ya que los empleados exigirán a las empresas unos mayores complementos. Al igual que antes, estos procesos deberán ser diseñados y financiados con mucha antelación para que las empresas vayan constituyendo unos fondos que les permita, llegado el momento, abordar la salida de determinados empleados y que fomenten el ahorro a largo plazo entre sus empleados.
El nuevo panorama que se nos avecina, por tanto, exige trabajar en el medio y en el largo plazo; las empresas que pretendan improvisar cuando les llegue el problema fracasarán porque ya no tendrán capacidad de reacción.
