¿Son necesarios más impuestos ambientales? Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola, explicaba durante el I Foro Reset organizado por APD a mediados de noviembre que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para la transición energética de España a 2030, recoge que un 80% de la inversión a movilizar de aquí a entonces será privada.
Por supuesto, habló del rol de las empresas en este nuevo contexto de transición energética, pero también sobre el papel de la ciudadanía, compartiendo con el público un dato revelador: a día de hoy, el 75% de los españoles (cinco puntos más que la media en la UE) estaría dispuesto a pagar un impuesto sobre aquellos productos y servicios que más contribuyen al calentamiento global.
Se trata de una de las cifras más sorprendentes de la encuesta sobre el clima 2021-2022, publicada unos días antes por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que incide en el rol clave de todos los actores sociales, más allá del Estado, a la hora de combatir los efectos del calentamiento global. Y eso que, en la actualidad, España es uno de los países de la Unión Europea que menos recauda con impuestos ambientales.
Mientras que en la UE se promueven tasas para mitigar las emisiones de monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno e incluso el dióxido de azufre (SO2), en nuestro país apenas se circunscriben a los hidrocarburos, la electricidad o el control de vertidos.
Dicho de otro modo: esto implica que actualmente no existen en España impuestos ambientales específicos para aquellos productos que contribuyen al cambio climático, sino solo a sectores concretos, como el del transporte o las eléctricas.
De ahí que, según el BEI, la inmensa mayoría de los españoles esté a favor de una tributación específica en este sentido para frenar los efectos del calentamiento global. Y es algo que no afecta solo a las grandes fortunas: el 73 % de los encuestados con un nivel de ingresos considerado como renta baja en España también estaría a favor de esta tasa.
Algunos ejemplos de productos cotidianos realmente contaminantes y que actualmente no están sujetos a ningún tipo de impuesto ambiental en España son el café, cuyo proceso de elaboración genera grandes cantidades de residuos -especialmente en el caso de las cápsulas de las nuevas cafeteras-, las cuchillas desechables, cuya fabricación supone un alto gasto en metal y en agua -además de que no siempre el plástico es reciclable- o los chicles, compuestos de goma, una mezcla de elastómeros y plastificantes y resina, similar al caucho de neumáticos y plásticos.
Además, parece que el debate sobre el cambio climático parece ampliamente superado. Según los datos del BEI, un 81% de los españoles considera que el cambio climático ya tiene un impacto directo en su vida cotidiana. Esto representa cinco puntos más que en 2020.
Además, el 76% también considera que se debería recurrir en mayor medida a las energías renovables de lo que se está haciendo actualmente. Un reclamo tanto a las instituciones públicas como al sector privado, responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Algo que reconocía la propia Santamaría durante el foro organizado por APD: “Según los datos del INE, en el sector eléctrico ha habido una drástica reducción de emisiones, de en torno al 30% respecto a 1990. Sin embargo, otros sectores como el del transporte ha seguido aumentando sus emisiones hasta un 56% más que hace 31 años. Hacen falta medidas que afecten a todos los sectores transversalmente”.
Principalmente, porque se nos agota el tiempo: “Los últimos descubrimientos científicos son contundentes: tenemos solo 8 años con las tasas de emisión actuales antes de agotar el margen para evitar el aumento de un grado y medio en la temperatura global”, aseguraba.
Cabe recordar que, según la ONU, la temperatura media mundial en 2021 (de acuerdo con los datos recogidos de enero a septiembre) superó en alrededor de 1,09°C la media del período 1850‑1900, mientras que la emisión de gases de efecto invernadero llegó a máximos en 2020… y eso, a pesar del respiro que supuso la paralización de la actividad económica derivada de la pandemia.
Por eso, ahora que la economía global parece haber retomado el ritmo prepandemia, urgen soluciones de todo tipo. Incluso que los ciudadanos paguemos más impuestos ambientales.
