Desde que el Reino Unido expresó su deseo de abandonar la Unión Europea el pasado mes de junio –la votación que así lo estableció dio una victoria muy ajustada para los partidarios del Brexit, pues tan solo dos décimas hicieron decantarse la balanza a favor de la salida comunitaria– han sido muchos los que se han preguntado cuáles serán las consecuencias para los ciudadanos británicos y españoles que no residen en su país de origen.
A pesar de la alarma que se ha desatado entre los afectados –se ha detectado un incremento de solicitudes de nacionalidad española por parte de los británicos–, desde la Oficina de Extranjería del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacen un llamamiento a la calma.
Según datos de diciembre de 2016 ofrecidos por el Observatorio Permanente para la Inmigración, cerca de 300.000 británicos residen en España y disponen del correspondiente Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión que les vincula directamente con las normas comunitarias. De ellos, “los que lleven más de cinco años en España no van a tener problemas, ya que serán reconducidos al régimen general si se aplica la normativa vigente y no se dictan disposiciones específicas para dichos ciudadanos”, explica Francisca Gutiérrez, jefa de la Oficina de Extranjería, una de las principales ponentesde la jornada APD ‘Gestión de trabajadores expatriados Aspectos fiscales y laborales en materia de expatriación e implicaciones en extranjería’ que tendrá lugar el próximo 27 de abril en Sevilla.
Esta situación les hará beneficiarios de una tarjeta de residencia de larga duración, documento que les concederá los mismos derechos que a los españoles según lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social. Además, paradójicamente, el Brexit habrá conseguido que estos residentes en España durante más de cinco años tengan un mayor número de beneficios que si siguieran siendo aún ciudadanos de un país miembro de la Unión. “Dicho régimen aplicable a los ciudadanos pertenecientes a países no comunitarios no exige la posesión de seguro médico ni acreditación de tener cubierta la asistencia sanitaria”, puntualiza Gutiérrez.
La regulación de los británicos que no hayan alcanzado los cinco años de residencia en España no será tan sencilla. Para poder quedarse en territorio español “van a tener que acreditar medios de vida, ya sea a través de contrato de trabajo o disposición de medios económicos suficientes”, informan desde la Oficina de Extranjería. Basta echar un vistazo a la Ley 14/2013 de emprendedores para darse cuenta de cuáles serán los colectivos que mayor facilidad encontrarán para regularizar su situación: inversores, profesionales altamente cualificados e investigadores son, entre otros, los grupos con más opciones.
No es la primera vez ni el único caso que en los países miembros de la Unión Europea se prima la formación académica. La Tarjeta Azul Europea –documento de acceso restringido a los profesionales de alta cualificación– facilita desde hace años la movilidad entre los diferentes países comunitarios. Según la web oficial del ministerio de Empleo y Seguridad Social, esta tarjeta es “una autorización de residencia y trabajo que habilita a los extranjeros titulares a ejercer empleo cualificado en España”, registrando entre los requisitos para su adquisición no ser ciudadano de un estado de la UE o de Suiza o poseer la capacitación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la actividad. “Este tratamiento diferenciado es una realidad en la actualidad, tanto en nuestro país como en el resto de la Unión, para este colectivo más preparado”, reconoce laresponsable de la Oficina de Extranjería.
Los más de 100.000 españoles que tienen afincada su residencia en Reino Unido observan con
inquietud su futuro mientras los diferentes Gobiernos negocian las condiciones de salida de este país anexado a la Unión en 1973. Estos ciudadanos han logrado legalmente el permiso de residencia por lo que, cuando definitivamente Londres se desvincule de la bandera comunitaria, los requisitos para su permanencia en territorio británico dependerán de la normativa que adopte el Parlamento.
Al igual que España, Reino Unido también puede aplicar el régimen general a los ciudadanos españoles en lugar del régimen comunitario. “No obstante, el régimen comunitario ya exigía requisitos, no siendo automáticamente aplicable la libertad de personas de la que tanto se habla ahora”, apunta Gutiérrez: “Claro que se pueden endurecer los requisitos respecto a la situación actual, pero no se parte de una situación de libertad total ya que existían requisitos en la propia normativa comunitaria desarrollada por Reino Unido”.
