La ley de información no financiera y diversidad nace tras la obligatoriedad de dar cumplimiento a la directiva europea 2014/95/UE sobre la divulgación de la información financiera y diversidad. En ella se exigía que los países miembros de la Unión Europea creasen una legislación que obligase a las empresas con determinadas características a publicar información más allá de sus cuentas de resultados.
Este tipo de informes se solicitan para poder valorar el impacto de las empresas más allá de lo meramente económico. Tienen en cuenta aspectos como la gestión medioambiental, de recursos humanos y de responsabilidad social corporativa. La información al respecto se debe presentar anualmente siguiendo el Real Decreto Ley 18/2017, así como las modificaciones al respecto recogidas en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades de Capital.
Exigía a la UE que crease una legislación que obligase a las empresas con determinadas características a publicar información más allá de sus cuentas de resultados
La ley establece la obligación principalmente de las EIP (entidades de interés público) de presentar este tipo de documentos. No obstante, y gracias a que se entiende la dificultad de la obtención de información no perteneciente a la compañía, y en consecuencia la elaboración de los informes, se ha planificado la implementación en dos tramos.
En la fase inicial, las empresas obligadas a presentar el informe tienen que tener las siguientes características:
Les empresas que reúnan estas características deberán cumplir la ley con carácter retroactivo, y deberán hacerlo desde el 1 de enero de 2018 en todas las juntas de accionistas y memorias anuales.
Una vez pasado el periodo de adaptación de tres años, el perfil de empresa que debe presentar estos informes se amplía e incluirá a:
Este estado pretende aclarar el papel que juega la empresa como agente social, yendo más allá de su función económica. De esta manera se podrá comprender mejor la evolución, situación e impacto de su actividad en cuanto a cuestiones sociales, de respeto a los derechos humanos y con respecto a la lucha contra la corrupción, el bienestar de su personal e incluso sobre el medio ambiente.
La información que se presente debe estar verificada por un auditor independiente, que se cerciorará de que la información aportada es verídica y fiable. El informe se deberá organizar de la siguiente manera:
Será una descripción sobre el grupo empresarial, analizando la actividad a la que se dedica, su entorno, los mercados donde opera, su estructura, organización, objetivos y estrategias. También se elaborará un análisis externo e interno de tendencias y factores que puedan intervenir en la evolución de la organización.
Hablará sobre los procedimientos aplicados para identificar, evaluar, prevenir y reparar los riesgos e impactos, así como de las medidas que se han adoptado en los ejercicios anteriores y el efecto que estas han tenido.
En este apartado se utilizarán indicadores de resultados no financieros con el fin de facilitar la comprensión, el seguimiento y la evaluación de la aplicación de las medidas. Otra de sus metas será la de permitir una comparación más sencilla entre empresas similares, e incluso entre distintos sectores a nivel nacional, europeo o mundial. De esta manera servirán como referencia comparativa los medidores globales empleados en cada materia.
La memoria deberá analizar también los riesgos vinculados a la actividad empresarial en relación a esas cuestiones. Deberá proporcionar información sobre los productos, servicios y relaciones comerciales que puedan tener un impacto negativo.
Además de los riesgos, también deberá explicar qué medidores se utilizan para detectarlos y evaluarlos. Por último, tendrá que elaborar un informe sobre los impactos que se hayan detectado y que puedan generar riesgos a corto, medio o largo plazo.
Estos deben cumplir con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad que hemos mencionado anteriormente. El objetivo principal de estos criterios es el de facilitar la comprensión y comparación de la información en el tiempo y entre distintas corporaciones.
Los indicadores deben seguir las directrices de la Comisión Europea y los estándares de Global Reporting Initiative. Han de encuadrar los datos dentro del marco nacional, europeo e internacional.
Todos los puntos descritos anteriormente servirán para dar una información concreta, precisa, comparable y cuantificable sobre el impacto de la actividad empresarial en la sociedad. De esta manera cuestiones como la igualdad, la sostenibilidad y la transparencia ganan relevancia.
Al tener la obligación de presentar estados anuales, se fuerza a las empresas y a las juntas de accionistas a prestar atención al impacto que tiene su actividad en la sociedad.
Las áreas en las que la ley obliga a profundizar son las siguientes:
La memoria deberá incluir el impacto de la actividad económica presente y futuro en el medioambiente, la salud y la seguridad. Además, deberá aclarar qué procedimientos de evaluación y certificación sigue, así como los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales en cuanto a:
Cuestiones relativas al capital humanoTambién se deberá valorar el impacto de la actividad económica en la sociedad, valorando datos relativos a:
Se hará una descripción de la plantilla en cuanto a etnia, género, procedencia y clasificación profesional, así como en función del tipo de contrato de trabajo yd el número de despidos por categoría. Deberán incluirse también las remuneraciones medias desagregadas por grupos para poder valorar la brecha salarial, y de igual modo la remuneración de los puestos de trabajo iguales o con respecto a la media de la sociedad.
Deberá controlarse el tiempo trabajado, el número de horas de absentismo y las medidas destinadas para reducirlo, así como las que se centran en mejorar la conciliación por parte de los padres y madres.
Se recogerán datos acerca de la tasa de accidentes laborales, frecuencia y gravedad. También se darán a conocer las enfermedades profesionales más frecuentes desagregadas por género.
Este tipo de información contendrá todo lo relativo a la negociación colectiva, incluyendo los procedimientos para informar y consultar al personal.
Políticas dedicadas a mejorar la cualificación de los equipos, detalladas por número de horas.
Medidas para promover la igualdad entre géneros, razas, etcétera (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo). Medidas destinadas a luchar contra el acoso y discriminación de trabajadores y para la gestión de la diversidad.
En este caso se deben explicar los procedimientos llevados a cabo en cuanto a la prevención de la vulneración de los derechos humanos y las medidas tomadas para mitigar y reparar los abusos cometidos, así como las denuncias presentadas.
Aquí se incluirán medidas destinadas a evitar delitos como el blanqueo de capitales, así como las aportaciones destinadas a fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Este punto hablará sobre los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible a través de un análisis de su impacto en la sociedad de manera genérica y local. Se hará desde el punto de vista de su interactuación con el entorno, y con posibles proveedores y subcontratas.
La empresa deberá actuar como responsable y exigir a las empresas que trabajen para ella las mismas condiciones de igualdad, sostenibilidad, etcétera. Para ello tendrá que publicar, si es necesario, datos de auditoría de sus socios comerciales.
La empresa deberá actuar como responsable y exigir a las empresas que trabajen para ella las mismas condiciones de igualdad, sostenibilidad…
Por otro lado, deberá presentar un análisis de su impacto ante los consumidores, analizando y reportando las quejas y reclamaciones emitidas por los mismos.
Además de toda la información que hemos citado anteriormente, la ley recoge un apartado en el que solicita la presentación de cualquier otra información relevante. Si la empresa que reúna las condiciones y presente las cuentas consolidadas no tiene previsto ningún tipo de información con respecto a los apartados citados anteriormente, deberá ofrecer una explicación clara y motivada al respecto.
En consecuencia, la aplicación de la ley de información no financiera y diversidad exige que las empresas tomen las riendas en cuanto a la influencia que tiene su negocio en las áreas no económicas. Para conocer las necesidades de la propia empresa, lo mejor será realizar una autoevaluación que permita detectar cuáles son las áreas a adaptar para el cumplimiento de esta ley.
