Cataluña se ha consolidado históricamente como uno de los motores económicos de España, representando aproximadamente el 19% del PIB nacional. Su tejido productivo diversificado, su posición geográfica estratégica en el arco mediterráneo y su tradición empresarial, han sido pilares fundamentales de su capacidad competitiva. Sin embargo, en los últimos años, diversos factores internos y externos han planteado desafíos significativos que obligan a repensar las bases de esa competitividad.
Como estamos viendo en las noticias más recientes, la economía catalana ha experimentado una progresiva terciarización, con el sector servicios (especialmente el turismo, la logística y las tecnologías) ganando peso frente a la industria manufacturera tradicional. Sectores como el automóvil, la química y la agroalimentación siguen siendo relevantes, pero se enfrentan a la presión de la digitalización, la transición energética y la competencia global de economías con costes laborales más bajos (en particular el sector del automóvil tradicional).
La economía catalana ha experimentado una progresiva terciarización, con el sector servicios (especialmente el turismo, la logística y las tecnologías) ganando peso frente a la industria manufacturera tradicional
Aunque existen un buen número de empresas grandes y de alto valor añadido, el tejido empresarial catalán sigue estando muy marcado por las PYMES y empresas familiares de tamaño medio. La escala limita la financiación, la exportación, la inversión tecnológica y la capacidad de emprender proyectos complejos, lo que tiene un impacto directo en la posibilidad de dar un salto significativo de tamaño.
En este contexto, la apuesta por la industria 4.0, la biotecnología, las energías renovables y la economía circular, ofrece oportunidades para que Cataluña mantenga su relevancia, pero es necesario añadir a esas tendencias medidas concretas en diferentes ámbitos públicos/institucionales y privados.
Un entorno que favorezca la inversión
El entorno institucional constituye un eje clave. La estabilidad política, la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa son factores que las empresas valoran a la hora de invertir, al igual que la fiscalidad y la carga burocrática sobre las empresas. Estos aspectos son críticos.
Sin duda, para maximizar la competitividad tanto a nivel nacional como, y especialmente, a nivel catalán, se puede y se debe mejorar en esos frentes.
En general se percibe que el sistema no está suficientemente orientado a la innovación, al crecimiento empresarial, la formación y la inversión productiva.
La estabilidad política, la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa son factores que las empresas valoran a la hora de invertir,
En particular, cuando se trata de la cuestión fiscal, no se reclama únicamente una reducción de la carga fiscal, que también, sino diseñar una fiscalidad que combine financiación de servicios públicos con incentivos al crecimiento, la innovación y la creación de actividad, y que fomente el emprendimiento.
El reto de ganar escala
Otro aspecto que cabe destacar, que no está tan directamente relacionado con la situación institucional o pública, es el tamaño de las empresas. Como he indicado con anterioridad, en Cataluña hay un buen número de empresas grandes y punteras en sus sectores. Entre ellas, destacan diversas compañías cotizadas del IBEX 35, pero una parte muy importante del tejido empresarial catalán sigue estando formado por PYMES y empresas familiares de tamaño medio. En cuanto a estas últimas, hay que señalar que las empresas familiares catalanas muestran barreras culturales y prácticas para integrarse. En este sentido, desde diversos foros, se reclama facilitar fusiones, alianzas y agregaciones que permitan crear compañías de referencia y competir tanto a nivel nacional como internacional.
En resumen, Cataluña dispone de mimbres sólidos para competir en el contexto nacional, europeo y global: diversificación económica, talento, cultura emprendedora y una ubicación privilegiada. Sin embargo, mantener y mejorar su posición competitiva requiere abordar con decisión los déficits estructurales en infraestructuras, fortalecer la colaboración público-privada, invertir decididamente en I+D+i y garantizar un entorno institucional y fiscal estable y atractivo para la inversión.
