Las pymes españolas afrontan un escenario marcado por la presión administrativa, la incertidumbre económica y el cansancio de quienes sostienen cada día buena parte del tejido productivo. En la presente entrevista, Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España y del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, reivindica una Administración más accesible, humana y eficaz para proteger a las pequeñas y medianas empresas, clave para el empleo, la cohesión social y la estabilidad económica.
Las pymes españolas llevan demasiados años resistiendo. Y utilizo conscientemente el verbo resistir, porque da la sensación de que en este país se ha normalizado que el pequeño empresario viva permanentemente al límite. Venimos de una crisis financiera, después llegó la pandemia, posteriormente una inflación muy fuerte, el incremento de costes energéticos, la incertidumbre internacional, los problemas laborales, la hiperregulación… y, mientras tanto, el pequeño negocio sigue levantando la persiana cada mañana.
Muchas veces hablamos de las pymes como una categoría económica, pero detrás de cada pyme hay una persona que arriesga su patrimonio, que genera empleo y que sostiene barrios enteros. Cuando una pyme cierra, no desaparece solo una empresa; desaparece actividad económica, empleo, cercanía y, en muchos casos, un proyecto de vida.
Nuestro barómetro refleja algo preocupante: cada vez más pequeños empresarios sienten que la Administración les exige mucho más de lo que realmente les ayuda. Hay una percepción creciente de agotamiento administrativo. Y eso es grave.
Absolutamente. España tiene un problema serio de complejidad administrativa. Y no hablo únicamente de grandes obligaciones legales. Hablo del día a día. Un autónomo o una pyme tienen que dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos a cumplir procedimientos, plataformas, comunicaciones electrónicas, requerimientos, cambios normativos constantes o sistemas que muchas veces ni siquiera funcionan correctamente.
La digitalización debía simplificar la relación con la Administración, pero en demasiadas ocasiones lo que ha hecho es trasladar la carga del trabajo al ciudadano y a las empresas. Se ha confundido digitalizar con complicar electrónicamente.
Hay empresarios que dedican más tiempo a defenderse administrativamente que a hacer crecer su negocio. Y eso afecta directamente a la competitividad.
Porque la justicia social no consiste únicamente en aprobar ayudas o reconocer derechos sobre el papel. La verdadera justicia social existe cuando el ciudadano puede acceder realmente a esos derechos. Si una persona no entiende un procedimiento, si no sabe presentar una solicitud, si recibe una notificación electrónica un domingo a las once de la noche, si una plataforma cae continuamente o si necesita un máster para relacionarse con la Administración, entonces estamos creando una nueva forma de desigualdad.
Nosotros llevamos tiempo diciendo algo muy sencillo: sin una Administración accesible no hay justicia social. Y ahí el papel de los gestores administrativos es fundamental. Somos profesionales que ayudamos a que un autónomo cobre una ayuda, a que una pyme pueda cumplir sus obligaciones, a que una familia no pierda un plazo, a que una persona extranjera pueda regularizar su situación o a que alguien pueda emprender sin ahogarse entre trámites.
Muchas veces se habla de transformación digital desde grandes despachos o grandes ciudades, pero la realidad de miles de pequeños negocios es muy distinta.
En algunos casos sí, pero creo que todavía existe una cierta desconexión entre quien diseña los procedimientos y quien luego tiene que utilizarlos. A veces se legisla pensando en estructuras grandes, cuando la inmensa mayoría del tejido empresarial español son micropymes.
Hay que escuchar más al pequeño negocio y a quienes estamos diariamente sobre el terreno. Los gestores administrativos vemos los problemas reales antes que nadie. Somos una especie de termómetro de la economía cotidiana.
Por eso defendemos tanto la colaboración social administrativa. Porque funciona. Cuando la Administración colabora con profesionales especializados, los procedimientos son más rápidos, más seguros y más eficientes. Lo hemos demostrado durante años en ámbitos como tráfico, extranjería, seguridad social o tributación.
Me preocupa que acabemos construyendo un modelo en el que sobrevivir administrativamente sea más importante que emprender. Eso sería demoledor.
También me preocupa el cansancio emocional del pequeño empresario. Hay mucha gente agotada. Personas que sienten que cualquier error administrativo puede convertirse en una sanción, en un bloqueo o en un problema enorme.
Y me preocupa especialmente la falta de tiempo. El pequeño empresario ya no descansa. Las notificaciones llegan a cualquier hora, los cambios normativos son constantes y la presión administrativa no se detiene nunca. Hemos defendido incluso que las notificaciones electrónicas no puedan practicarse fuera del horario razonable porque también existe un derecho a la desconexión administrativa.
Primero, de reconocimiento. Este país funciona gracias a ellas. Gracias a quien mantiene un pequeño comercio, un taller, un despacho, una gestoría, un bar, una empresa familiar o una pyme tecnológica. Y segundo, un mensaje claro: necesitamos construir una Administración más humana, más accesible y más consciente de la realidad empresarial. No podemos seguir tratando igual a una multinacional con departamentos jurídicos enteros que a un autónomo que hace absolutamente todo solo. Las pymes no necesitan discursos grandilocuentes. Necesitan estabilidad, simplificación, seguridad jurídica y respeto a su tiempo. Porque cuando ayudamos a una pyme, no ayudamos únicamente a una empresa. Estamos protegiendo empleo, cohesión social y futuro.
