En un entorno cada vez más digitalizado, la gestión de las infraestructuras críticas ya no depende solo de redes físicas, activos y operaciones sobre el terreno. La calidad, actualización y gobernanza del dato se han convertido en factores decisivos para garantizar seguridad, eficiencia y resiliencia en ciudades, utilities y servicios esenciales.
En esta entrevista, Lucía Alcíbar-Arechuluaga, Directora Gerente de Inkolan, analiza por qué el dato debe entenderse como una infraestructura crítica en sí misma, qué riesgos genera la información fragmentada y hasta qué punto modelos como las smart cities o los gemelos digitales solo pueden avanzar sobre una base informacional fiable, interoperable y segura.
Durante muchos años hemos entendido la infraestructura como algo fundamentalmente físico: canalizaciones, arquetas, redes enterradas o aéreas que permiten que una ciudad funcione, que los servicios esenciales operen y que las personas podamos trabajar, comunicarnos y vivir con normalidad.
Pero hoy ese enfoque ya no es suficiente. Vivimos en un contexto profundamente digitalizado: según datos del World Economic Forum, en 2023 más del 56 % de la población mundial ya vivía en entornos urbanos, cerca del 65 % de las personas utilizaban Internet y se estima que, en pocos años, alrededor del 75 % de los empleos requerirán competencias digitales. No es casualidad, por tanto, que datos y ciudades estén cada vez más entrelazados.
Detrás de cada infraestructura física existe una capa crítica de información. Las propias infraestructuras son, en realidad, un conjunto de datos geoespaciales que describen dónde están, cómo son y cómo interactúan entre sí. Ese conocimiento es esencial para protegerlas, planificar su mantenimiento, evitar incidencias y tomar decisiones informadas.
En ese momento —cuando el dato pasa a ser imprescindible para la operación, la seguridad y la resiliencia de los servicios esenciales— es cuando podemos afirmar que el dato se convierte también en una infraestructura crítica, al mismo nivel que la física.
Cuando los datos no están coordinados entre los distintos actores, el primer impacto es en la seguridad. En obra, dar por válida una verificación incompleta -por ejemplo, confiar únicamente en la señalización superficial o en planos heredados- puede convertir una intervención rutinaria en un incidente grave, poniendo en riesgo a las personas y a los servicios esenciales.
Otro riesgo operativo muy relevante es la visión parcial del territorio. El subsuelo es un ecosistema altamente interconectado, pero muchas veces se planifica solo desde la lógica de cada red. No tener en cuenta otros datos aumenta exponencialmente la probabilidad de afectar a servicios críticos vecinos, como gas, electricidad o telecomunicaciones.
Pero el mayor riesgo lo tenemos en trabajar con información obsoleta. Las ciudades evolucionan constantemente, un plano de hace uno o dos años puede no reflejar la realidad actual del subsuelo, generando retrasos, sobrecostes o incidencias imprevistas durante la ejecución.
Para que la información compartida sea realmente útil, confiable y operativa, esimprescindible que se den varias condiciones más allá de la mera interoperabilidad técnica.
La primera es la confianza en el modelo de intercambio. Compartir información estratégica solo es viable si existen mecanismos seguros y confiables que garanticen un flujo de datos ágil y fluido, manteniendo en todo momento el control y la propiedad de la información. La soberanía del dato es una condición irrenunciable: los datos deben compartirse sin perder el control sobre quién los utiliza, cómo y para qué.
Otro factor fundamental es la facilidad de uso para quienes generan el dato. La interoperabilidad debe integrarse de forma natural en tus procesos habituales.
La trazabilidad es otra condición imprescindible. Un entorno donde quede registrado todo el proceso de consulta permite garantizar el cumplimiento normativo, reforzar la transparencia y facilitar futuras auditorías. Esto es especialmente crítico cuando hablamos de infraestructuras y servicios esenciales.
La calidad del dato marca hoy claramente el límite real de modelos como las smart cities o los gemelos digitales. En el contexto urbano, un gemelo digital es una réplica virtual de la ciudad y de sus infraestructuras críticas que permite analizar, simular y predecir escenarios para mejorar la toma de decisiones. Pero su valor depende totalmente de la información que lo alimenta.
Si los datos son incompletos, duplicados, poco precisos o no están actualizados, las simulaciones y predicciones pierden fiabilidad. Por eso es imprescindible contar con datos heterogéneos de calidad y mecanismos de actualización sistemática que garanticen una integración correcta.
A esto se suman retos clave como la privacidad y la ciberseguridad, dado el uso intensivo de datos sensibles, lo que exige cumplir el RGPD, asegurar la integridad del sistema y generar confianza en los ciudadanos. También es determinante disponer de una infraestructura tecnológica interoperable y resiliente, capaz de procesar grandes volúmenes de datos y de integrar múltiples fuentes en tiempo real.
En definitiva, el mayor límite de estos modelos no es la tecnología, sino la solidez de la base informacional: sin datos fiables, seguros y bien gobernados, un gemelo digital avanzado deja de ser una herramienta útil para la gestión urbana.
Mirando al futuro, empresas, administraciones y operadores deberían entender cuanto antes que la información es un activo estratégico crítico, pero que su valor no está en moverla sin control, sino en compartirla bajo principios claros de soberanía, seguridad y confianza.
La resiliencia, la eficiencia y la capacidad de decisión solo se alcanzan cuando el dato es de calidad, está bien gobernado y permanece bajo el control de su propietario. No es necesario que la información salga del origen para generar valor, y este enfoque está plenamente alineado con el Data Act europeo, que promueve el uso y el intercambio responsable de los datos garantizando derechos, seguridad y control.
En este contexto, también es importante entender el impacto de marcos regulatorios como la propuesta del Reglamento Ómnibus Digital, que va a marcar cómo se articula la colaboración público‑privada en ámbitos como las smart cities. Será necesario avanzar hacia acuerdos voluntarios.
La colaboración público‑privada es por tanto imprescindible, pero debe construirse sobre reglas claras, con respeto a la soberanía del dato, la seguridad y la trazabilidad. Compartir información no significa perder control, sino habilitar mejores decisiones manteniendo la responsabilidad en origen.
