En el panorama empresarial de los próximos años, la adaptación a las normativas será una prioridad clave para las empresas en España. Más pronto que tarde, las regulaciones sobre facturación electrónica, control fiscal y lucha contra el fraude marcarán la evolución del sector financiero. Y concretamente, dos leyes fundamentales marcarán el futuro del compliance: Ley Crea y Crece, que impulsará la facturación electrónica obligatoria, y Ley Antifraude 2025, que reforzará la trazabilidad y seguridad en la contabilidad de las empresas.
La Ley Antifraude, aprobada en diciembre de 2023, representa un paso decisivo hacia una economía más transparente y equitativa. Su finalidad es clara: erradicar la evasión fiscal y asegurar la integridad de los registros contables de todas las empresas, independientemente de su tamaño. Con esta normativa, se pone fin a prácticas opacas como la doble contabilidad, y se refuerza el compromiso de las organizaciones con la legalidad y la confianza en el sistema tributario.
El eje central de la ley es impedir que las empresas manipulen su información financiera mediante herramientas tecnológicas que permiten alterar, borrar o duplicar datos contables. De este modo, se garantiza que cada transacción quede registrada de forma fidedigna, trazable e inalterable, evitando así cualquier intento de fraude.
La Ley Antifraude establece una serie de obligaciones tecnológicas y contables que afectan directamente al funcionamiento del software de gestión empresarial. Entre las medidas más relevantes se encuentran:
Obligación de registrar y reportar la facturación en tiempo real a la Agencia Tributaria, eliminando cualquier margen para ocultar operaciones.
Prohibición del uso de software de doble contabilidad, es decir, programas que permiten generar registros paralelos para ocultar ingresos u operaciones.
Mayor capacidad de control por parte de la Agencia Tributaria, gracias al acceso inmediato a los datos y la imposibilidad de su modificación posterior.
Trazabilidad completa de los datos contables, permitiendo seguir el rastro de cada operación desde su origen hasta su declaración final.
Estas medidas no solo buscan combatir el fraude, sino también fomentar una cultura empresarial basada en la transparencia y la responsabilidad fiscal.
Aunque en un principio la entrada en vigor estaba prevista para el 1 de julio de 2025, diversas fuentes indican que podría producirse un retraso en su implementación, desplazando la fecha hasta enero de 2026. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que es fundamental que las empresas se preparen con antelación para evitar contratiempos.
A diferencia de otras normativas fiscales, esta ley tiene un alcance más amplio, ya que impacta directamente a:
Autónomos y pymes cuya facturación anual sea inferior a 6 millones de euros.
Asesorías y despachos profesionales que gestionen la contabilidad de terceros, los cuales deberán asegurarse de que sus sistemas cumplen con los nuevos requisitos legales.
Para adaptarse a esta nueva realidad legal y evitar sanciones, las empresas deben contar con un software de gestión certificado, que cumpla con los siguientes requisitos:
Registro inalterable de las transacciones: una vez emitida, la factura no puede modificarse ni eliminarse.
Trazabilidad completa de la contabilidad: todas las operaciones deben poder ser auditadas y rastreadas en cada una de sus etapas.
Seguridad e integridad de los datos almacenados, garantizando que no puedan ser manipulados.
Capacidad de reporte automático a la Agencia Tributaria, ya sea en tiempo real o cuando esta lo requiera.
Además, este software deberá incorporar sistemas de auditoría interna que detecten cualquier intento de alterar o borrar información contable de forma fraudulenta.
El incumplimiento de la Ley Antifraude conlleva importantes consecuencias económicas. Las sanciones previstas por la normativa incluyen:
Multas de hasta 50.000 euros para las empresas que mantengan sistemas de doble contabilidad.
Sanciones de hasta 150.000 euros para los fabricantes, distribuidores o comercializadores de software de doble uso, es decir, aquellos que permiten manipular u ocultar información fiscal.
Estas cifras reflejan la determinación del legislador de erradicar definitivamente el fraude tecnológico, y sirven como recordatorio del compromiso que toda empresa debe asumir con la legalidad y la transparencia.
