El reciclaje en las empresas se ha convertido en un elemento clave en la búsqueda de ventajas competitivas en la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial. Aquellas empresas que implementan prácticas de reciclaje no solo contribuyen significativamente a la preservación del medio ambiente, sino que también experimentan beneficios tangibles en términos de eficiencia operativa y mejora de su imagen corporativa. En este post, exploraremos cómo el reciclaje de las empresas no solo aborda la creciente preocupación por la sostenibilidad, sino que también impulsa el crecimiento empresarial y la lealtad de los clientes. Descubre cómo la gestión sostenible de residuos se ha convertido en un activo valioso en la era de la responsabilidad corporativa.
La gestión sostenible de residuos se ha convertido en un activo valioso en la era de la responsabilidad corporativa
El reciclaje empresarial ofrece una amplia gama de beneficios que pueden contribuir a una ventaja competitiva sostenible. Aquí tienes algunos de los más importantes:
El impulso más reciente por cambiar esta imagen ha sido la entrada de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Una normativa que prohíbe la venta de plásticos de un solo uso, como pajitas y vasos, que establece que los Ayuntamientos con más de 5.000 habitantes dispongan a partir de julio de sistemas de recogida separada de basura orgánica, además de las de metales, papel, vidrio y plástico. Entiende Helena González, CEO de Regusa Recycling & Recovery, que el impacto de esta legislación será positivo, aunque menos de lo previsto si no tiene una repercusión económica individual evidente.
Y eso que las sanciones recogidas en el nuevo texto han duplicado la cuantía de las multas. Las muy graves llegan hasta los 3,5 millones de euros, las graves hasta los 100.000 euros y las leves hasta los 2.000 euros. Incluso aparece por primera vez como infracción el abandono y vertido de basura en la naturaleza, establecido como falta grave. “Si todos queremos un mundo en el que respirar, nos toca ir más lejos de aquello que sea rentable económicamente. Toca considerar la gestión de residuos como inversión, y no como un coste. Sale mucho más caro gestionarlos por completo en el punto final”, apunta González.
El impacto de la nueva legislación será positivo, aunque menos de lo previsto si no tiene una repercusión económica individual evidente
En cada domicilio existe la responsabilidad moral de reciclar, de separar los residuos para contribuir a un planeta más sostenible. Pero las empresas también juegan un papel fundamental. No pueden obviar que al año, de acuerdo con los datos del INE, generan alrededor de 137,8 millones de toneladas de residuos. ¿Qué hacemos con semejante volumen de desechos? ¿Cómo concienciar a las compañías de la relevancia de un tratamiento adecuado? Si ayudar a la longevidad de la Tierra no basta como argumento, González apela a los mandos directivos. A su responsabilidad para establecer una estrategia que aporte más recursos. “Vamos a seguir estancados en el mismo discurso de escasa inversión hasta que suceda algo legal que reclame la cuantía de las multas por no hacerlo bien”, sostiene.
Para organizaciones que tratan con chatarra y metales, el valor añadido resulta tangible. Consiguen dinero por la venta de estos materiales una vez han dejado de ser útiles para su actividad. González pone encima de la mesa que suceda lo mismo con recursos como el papel, el cartón y el plástico. Una política que, por cierto, aplican en países europeos como Bélgica -el consumidor recibe cinco céntimos por cada casco de vidrio reciclado-. Ya existe un ahorro tanto económico como de sostenibilidad al reciclar y devolver al sistema estos desechos, pero quizás toque aportar mayor rentabilidad a las cuentas, por mucho que el beneficio de su simple tratamiento tenga valor por sí mismo.
Para organizaciones que tratan con chatarra y metales, el valor añadido resulta tangible. Consiguen dinero por la venta de estos materiales una vez han dejado de ser útiles para su actividad
Al margen de empresas cuya actividad favorece el reciclaje, la nueva legislación abre el abanico a más sectores. La ley, por ejemplo, prohíbe la destrucción de los “excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”. A lo que añade lo siguiente: “Dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización”. Aunque sea por imperativo legal, numerosas compañías no podrán quedarse de brazos cruzados ante la gestión de sus residuos.
Para paliar los efectos de la crisis económica derivada del coronavirus, la UE aprobó un paquete de ayudas sin precedentes. España percibirá 140.000 millones de euros, en los bautizados como fondos para la recuperación o Next Generation EU, hasta 2026. Cualquier pyme, autónomo o gran empresa puede solicitarlos. Eso sí, siempre que contribuyan a digitalizar, reconvertir y hacer más sostenible su negocio. Ahora bien, esto no significa que los residuos sean motivo suficiente para acceder a las subvenciones. La idea de sostenibilidad no se fija en cómo mejorar la gestión de desechos. “No hay partidas ni dinero a través de estos fondos”, lamenta González.
Si una compañía pretende dar un salto de calidad ecológico, dependerá de sus recursos y voluntad. Para nada de ayudas públicas. Los fondos apelan a la economía circular y sí determinan dinero para ciertos productos en la cadena productiva, pero solo para aquellas dedicadas específicamente al tratamiento. “Si vas a crear una planta de biocombustible dentro de tu empresa, los puedes pedir. Para favorecer un menor consumo de papel o cartón o reciclarlo óptimamente, no hay ninguna partida”, zanja.
Los fondos apelan a la economía circular y sí determinan dinero para ciertos productos en la cadena productiva, pero solo para aquellas dedicadas específicamente al tratamiento
Aun así, este cambio de mentalidad no requiere cantidades ingentes de inversión. Pongamos el ejemplo de una empresa de logística estándar. Gestionará sobre todo madera y basura. Alrededor de 15 toneladas mensuales. El gasto medio para su tratamiento no excederá los 1.200 euros al mes. Una cantidad casi imperceptible en sus cuentas anuales en comparación con los millones de facturación que obtiene año tras año.
La UE impuso hace más de una década que los Estados reciclaran en 2020 el 50% de sus residuos municipales. Pero en 2020, España apenas alcanzaba el 36%, según datos de Eurostat. Lejos de aflojar, Bruselas ha establecido metas más estrictas; y en 2030 se deberá llegar al 60% y en 2035, al 65%. “Una economía circular sin tratamiento de residuos no es nada. Resulta indispensable para que este proceso se cierre. Hablamos de transformar una materia y devolverla al círculo económico. Las gestoras de residuos reciben los materiales, los separan y terminan el proceso. Las demás compañías solo tienen que facilitar esta labor”, concluye González.
